En G&L Grupo Consultor ofrecemos un servicio de alto rendimiento para el asesoramiento estratégico continuo o particular en materia contenciosa administrativa y penal tributaria, así como consultoría en materia de fiscalidad nacional e internacional tanto a empresas nacionales como internacionales, basado en tres pilares fundamentales: Sistema Preventivo, Correctivo y de Defensa.
Nuestros servicios se basan en la representación de los intereses de nuestros clientes, generando oportunamente estrategias de defensa eficaces, con la intención de dotar de beneficio económico a las compañías, en defensa de las contingencias desde su inicio, seguimiento y hasta la culminación en todas las etapas que deban existir.
Nuestra Defensa en lo Fiscal y Penal - Tributario se apoya medularmente en la asesoría especializada e instrumentación de una defensa jurídica sólida, creando Soluciones preventivas, administrativas y reaccionarias a nuestros clientes mediante la correcta y oportuna identificación, gestión y administración de los riesgos inherentes a la actividad económica y empresarial de su organización.
Atención, seguimiento y resolución de facultades de Comprobación; Medios de Defensa efectivos: Recursos Administrativos, Juicio Contencioso Administrativo, Juicio de Amparo.
Sistemas de Debido Control Empresarial (Compliance)
El Debido Control Empresarial, es un modelo de conducta corporativa compuesto por un conjunto de reglas, directrices y Políticas internas de Prevención Delictiva que permite gestionar los riesgos y evitar su materialización. A través del Debido Control Empresarial, es posible proteger el patrimonio corporativo y desarrollar prácticas empresariales saludables. Con la implementación del Debido Control Empresarial se busca prevenir y detectar las conductas criminales dentro de la organización que puedan llegar a generar un menoscabo en la empresa.
En la legislación mexicana, la aplicación del Debido Control Empresarial permite eliminar o disminuir la responsabilidad criminal sobre las empresas, en caso de que sea cometida alguna conducta delictiva en el seno de la organización. Aunado a ello, existe la posibilidad de disminuir hasta en una cuarta parte las sanciones en caso de que las empresas cuenten con un órgano de control permanente.
